Esto nos puede dar una pista. (by Jong Ki Love)

“Cuanto antes se empiece, mejor”. De unos años para acá, las políticas prohibicionistas en cuestión de drogas tienen a su peor enemigo dentro. La última conversa ha sido Araceli Manjón-Cabeza, número dos de Baltasar Garzón en el Plan Nacional sobre Drogas, magistrada de lo Penal en la Audiencia Nacional y asesora en distintos organismos internacionales dedicados a lo que se ha venido a llamar ‘guerra contra las drogas’ y el blanqueo de capitales. Araceli reclama ahora que más pronto que tarde se legalicen las sustancias hoy prohibidas y así lo ha plasmado en La solución (Editorial Debate). Todos comentan la valiente, y pública, apuesta que ha hecho esta penalista por la legalización pero pocos se han fijado en que también describe cómo podría ponerse en práctica ese marco de regulación. Admite que se cometerán errores, que hay muchas opciones y que deberían ser equipos multidisplinares los que buscasen la mejor vía, pero apunta que el modelo de legalización tendría que comenzar por la marihuana –droga menos peligrosa, que provoca menos rechazo social y que requiere menos inversión en tratamientos médicos asociados–, luego seguir con la cocaína y algunas sustancias de síntesis intentando al mismo tiempo que desaparezcan del mapa “los venenos de la prohibición”: el crack, el paco, el basuco y similares. Al mismo tiempo, la oferta de las sustancias con más elevado costo social debería reducirse, “para reconducir la demanda a menos drogas pero más seguras. Probablemente en la selección deba procederse por el procedimiento de prueba-error”, explica Manjón.

En cuanto a la heroína propone medicalizar su dispensación, que el adicto –sobre todo el de larga duración– acuda al sistema sanitario y unos puedan tratarse con metadona y otros con la propia heroína. Proyectos en Suiza (años 90) y Andalucía (comienzo del siglo XXI) no resultaron un fracaso y podían ser una referencia.

No hace mucho estuve con dos yonkis de Aluche (Madrid), uno español y otro rumano. Los dos coincidían: “lo que mata es la mala calidad no la sobredosis”. Óscar es un toxicómano currado, sin trabajo ni dentadura, del que no se fía ni su madre. “Tomo 150 ml. de hidrocloruro de metadona al 1 por ciento, disuelta en tang para quitar el amargor. Es una cantidad importante pero todavía no puedo bajarla. Mi lucha ahora es no apalancarme porque la metadona me deja muy tirado”. Ion Valentin tiene 30 años, seis en España y con un empleo cutre. En Rumania se metía jaco y aquí duró poco sin hacerlo. Su dosis para no venirse abajo son 6 miligramos de Suboxone (buprenorfina naloxona), otro fármaco sustitutivo de la heroína. A Ion, la buprenorfina le deja tirado pero si no la toma se pone fatal.

Volviendo a La solución, Manjón-Cabeza sostiene que las drogas seguirían en el Código Penal pero solo en tres supuestos: la conducción bajo los efectos de cualquier droga (como ahora), el suministro a menores e incapaces (incluida la orientación al consumo) y la producción fuera de los canales legalmente establecidos (cualquier mercado negro o contrabando).

Todos los ingresos por la recaudación fiscal de la producción y el consumo más el ahorro en la represión irían a parar a la prevención y tratamientos médicos. “No habría que escatimar y probablemente sobrarían fondos”. La prevención se haría como en el tabaco, con campañas en la propia venta para evitar el consumo y serían claves las políticas de reducción del daño.

La penalista asegura que los impuestos a la producción y venta no deberían ser muy fuertes al principio para que el consumidor se sintiese atraído, por su atractivo precio, hacia el mercado legal. “Fidelizada la clientela y desaparecido el mercado negro –lo que podría llevar un tiempo–, entonces sería posible empezar a jugar con los impuestos y su repercusión en el consumidor”. Desaparecidas las ventas ilegales se podría elevar el precio para reducir el consumo.

Donde la autora encuentra más dudas es sobre quién abastecería a ese mercado legal de drogas (plantación de especies, elaboración, distribución y venta), si sería mejor que el Estado lo manejase en régimen de monopolio o deberían ser las farmaceúticas. Cada país podría optar por un sistema u otro. “Toda la industria, hoy criminal, se integraría en la legalidad y nadie arriesgaría la cárcel por trabajar en ella”.

En el epílogo, la antigua responsable del Plan antidroga español se sincera: “Lanzarse a la legalización da vértigo; además, desmontar la prohibición no será fácil y muchos de los que viven de ella o han hecho con ella un negocio colosal se opondrán (…) La prohibición es regalarle el negocio al crimen organizado y condenar a los consumidores a vivir un infierno o morirse en él. Legalizar no es perder la batalla, sino buscar otro escenario para ganarla; tampoco es perder el control, sino empezar a recuperarlo”.

Puede que este cambio de actitud –la de aquellos que antes vivieron de las políticas de represión, manejando presupuestos infinitos, y de llenar las cárceles y ahora pregonan la legalización– sea una señal esperanzadora. Sólo falta que Obama se de cuenta.